SANTIAGO — La Ley Reservada del Cobre, aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet y ha garantizado por más de tres décadas fondos para la compra de armas, generando críticas en el vecino Perú, podría ser derogada tras un proyecto de ley firmado el martes por la presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa, la primera planteada tras el fin del régimen militar en 1990, busca terminar con una ley que obliga a que se entregue 10% de las ventas anuales de la gigante estatal Codelco, primera productora mundial de cobre, a las Fuerzas Armadas para la compra o mantenimiento de material bélico.
Por su carácter reservado, no es posible conocer públicamente cómo se gastan estos recursos, aunque se ha informado que ha financiado la modernización que las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en 1998 y en la que llevan invertidos unos 2.500 millones de dólares.
"Se termina así con un área de información vedada para el Congreso Nacional", dijo la presidenta al firmar el proyecto de ley.
La iniciativa presidencial contempla a cambio un plan de financiamiento a 12 años, con ciclos de cuatro que corresponden a los períodos presidenciales, y el sometimiento del Presupuesto de Defensa a las mismas condiciones que el resto de las reparticiones públicas.
"Nos parece que es un buen plazo la planificación estratégica de 12 años, de los cuales se va financiando cada cuatro", dijo a la prensa el comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta.
La norma será enviada en los próximos días al Congreso pero sin carácter de urgencia. No obstante, Bachelet instó a los legisladores a aprobarla este año.
"Hago un llamado a todos los sectores con representación parlamentaria para que la aprobemos este año y en este Congreso", indicó Bachelet.
Una vez aprobado este proyecto "tendremos un moderno sistema de financiamiento para la Defensa Nacional", agregó la mandataria.
Favorecida por los altos precios del cobre -del cual Chile es el principal productor mundial- las Fuerzas Armadas chilenas han recibido entre 2000 y el primer semestre de 2009, 6.636 millones de dólares de la cuprífera estatal Codelco.
Según el experto en defensa, Guillermo Patillo, existirían hoy casi 2.000 millones de dólares ahorrados por las Fuerzas Armadas, que no pueden destinarlos a fines distintos a la compra o mantenimiento de material bélico.
La ley ha afectado la "valoración" de Codelco y su clasificación de riesgo, según Bachelet.
"Desde el año 1976 alrededor del 20% de los recursos entregados por Codelco al Estado ha sido canalizado a través de esta ley", dijo el presidente de la empresa estatal, José Pablo Arellano.
"No conozco otra empresa que tenga que pagar un impuesto a partir de sus ventas y no de sus utilidades", agregó.
En junio de 2006, tres meses después de iniciar su gobierno, la presidenta manifestó por primera vez su intención de modificar esta ley, pero no hubo consenso para avanzar en una propuesta formal.
A ello se sumó un escenario regional poco propicio, sobre todo con su vecino Perú, que por esa fecha ya anunciaba la presentación de una demanda limítrofe marítima sobre territorios en los que Chile ejerce jurisdicción.
El gobierno de Bachelet puso luego diciembre de 2008 como plazo para enviar el proyecto al Congreso, pero ello coincidió con un impasse diplomático por estrepitosas declaraciones antichilenas del entonces comandante general del Ejército de Perú, Edwin Donayre.
La iniciativa, la primera planteada tras el fin del régimen militar en 1990, busca terminar con una ley que obliga a que se entregue 10% de las ventas anuales de la gigante estatal Codelco, primera productora mundial de cobre, a las Fuerzas Armadas para la compra o mantenimiento de material bélico.
Por su carácter reservado, no es posible conocer públicamente cómo se gastan estos recursos, aunque se ha informado que ha financiado la modernización que las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en 1998 y en la que llevan invertidos unos 2.500 millones de dólares.
"Se termina así con un área de información vedada para el Congreso Nacional", dijo la presidenta al firmar el proyecto de ley.
La iniciativa presidencial contempla a cambio un plan de financiamiento a 12 años, con ciclos de cuatro que corresponden a los períodos presidenciales, y el sometimiento del Presupuesto de Defensa a las mismas condiciones que el resto de las reparticiones públicas.
"Nos parece que es un buen plazo la planificación estratégica de 12 años, de los cuales se va financiando cada cuatro", dijo a la prensa el comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta.
La norma será enviada en los próximos días al Congreso pero sin carácter de urgencia. No obstante, Bachelet instó a los legisladores a aprobarla este año.
"Hago un llamado a todos los sectores con representación parlamentaria para que la aprobemos este año y en este Congreso", indicó Bachelet.
Una vez aprobado este proyecto "tendremos un moderno sistema de financiamiento para la Defensa Nacional", agregó la mandataria.
Favorecida por los altos precios del cobre -del cual Chile es el principal productor mundial- las Fuerzas Armadas chilenas han recibido entre 2000 y el primer semestre de 2009, 6.636 millones de dólares de la cuprífera estatal Codelco.
Según el experto en defensa, Guillermo Patillo, existirían hoy casi 2.000 millones de dólares ahorrados por las Fuerzas Armadas, que no pueden destinarlos a fines distintos a la compra o mantenimiento de material bélico.
La ley ha afectado la "valoración" de Codelco y su clasificación de riesgo, según Bachelet.
"Desde el año 1976 alrededor del 20% de los recursos entregados por Codelco al Estado ha sido canalizado a través de esta ley", dijo el presidente de la empresa estatal, José Pablo Arellano.
"No conozco otra empresa que tenga que pagar un impuesto a partir de sus ventas y no de sus utilidades", agregó.
En junio de 2006, tres meses después de iniciar su gobierno, la presidenta manifestó por primera vez su intención de modificar esta ley, pero no hubo consenso para avanzar en una propuesta formal.
A ello se sumó un escenario regional poco propicio, sobre todo con su vecino Perú, que por esa fecha ya anunciaba la presentación de una demanda limítrofe marítima sobre territorios en los que Chile ejerce jurisdicción.
El gobierno de Bachelet puso luego diciembre de 2008 como plazo para enviar el proyecto al Congreso, pero ello coincidió con un impasse diplomático por estrepitosas declaraciones antichilenas del entonces comandante general del Ejército de Perú, Edwin Donayre.
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